FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO.

En nuestro país, como consecuencia del achicamiento del gasto público y los sucesivos ajustes fiscales que se dieron en los años ´90, especialmente en el área social (educación, salud, vivienda, jubilaciones, etc.), con el fin de destinar más fondos al pago de la ilegítima y fraudulenta deuda externa, la educación pública en todos sus niveles comienza a des-financiarse. Las Universidades públicas, y sobre todo, después de la sanción de la Ley de Educación Superior (LES) N° 24.195, se les exigirá que “racionalicen” el gasto a fin de ser instituciones “más eficientes”, por lo que se promoverá que, ante la escasez de recursos económicos, éstas generen crecientemente sus propios recursos a través de la venta de servicios (por ejemplo, cursos, posgrados, investigaciones, convenios, pasantías, etc.). En parte debido a esta des-financiación por parte del Estado, el sector privado empieza a desempeñar un papel cada vez más importante como fuente extraordinaria de recursos para las universidades públicas, políticas estas que, desde ya, incidirán negativamente en la configuración de las instituciones universitarias.

En el caso de la Universidad Nacional de Luján, esta se vio notoriamente perjudicada por el cierre que sufrió entre los años 80 y 84, ya que nunca pudo recuperar la infraestructura, equipamiento, personal docente y financiamiento que perdió en aquellos años que duró el cierre. Por lo que, el des-financiamiento que padece nuestra universidad es más que sensible y profundo.

Las consecuencias directas que hoy por hoy padece nuestra Universidad con respecto a dicho des-financiamiento son más que notorias: baja cantidad de docentes concursados en calidad de ordinarios; bajas dedicaciones docentes; falta de infraestructura y equipamiento, en especial en los Centros Regionales; escasos montos destinados para becas estudiantiles, pasantías internas, proyectos de investigación y extensión, entre otras muchas carencias.

Creemos que ante este panorama es de vital importancia exigir ante las autoridades nacionales un significativo aumento presupuestario para las UUNN que parta de un serio diagnóstico de situación, es decir, no caer en simplismos acerca de cuánto haría falta (si es suficiente y alcanza sólo con una “triplicación” del presupuesto), sino que se emprenda un diagnóstico sobre cuánto es lo que necesita cada universidad para desarrollar normalmente sus actividades académicas y científicas, de docencia, investigación y extensión; y que éstas no deban recurrir a fondos provenientes del sector privado, que sólo favorecen a sus intereses de privatizar el conocimiento generado en las universidades públicas.

Es por esto mismo que exigimos a las próximas autoridades de la UNLu que emprendan acciones conjuntas con las demás UUNN ante las autoridades nacionales a fin de lograr el aumento presupuestario que tanto se necesita para sostener una universidad pública, gratuita y de excelencia académica.